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ESPAÑA / TRIBUNALES
Arranca el juicio a Garzón por la causa del franquismo bajo la mirada de ´observadores´ internacionales
La defensa solicita al Tribunal que aplique la doctrina Botín y anule el juicio contra el magistrado de la Audiencia Nacional acusado de un delito de prevaricación por haber investigado los crímenes del franquismo
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Madrid. 24 enero (CERESTV.info / AGENCIAS) 
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se sienta hoy, martes por segunda vez en el banquillo acusado de un delito de prevaricación cometido al haber investigado los crímenes del franquismo sin estar legitimado para ello.
El juicio ha comenzado a las 10:45 horas de esta mañana, una vista a la que asisten varios representantes de asociaciones internacionales de derechos humanos.
El magistrado, que la semana pasada fue juzgado en el Supremo por ordenar las escuchas en prisión a abogados del "caso Gürtel", se enfrenta ahora a una petición de 20 años de inhabilitación que plantea la acusación popular, que ejercen conjuntamente el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
Entre los asistentes en la sala de vistas hay representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Internacional de Juristas, que participan como "observadores" en el juicio porque creen que la decisión del Supremo incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal, en la que España fue pionera gracias a Garzón.
La sala que juzga desde hoy a Garzón está integrada por los magistrados Carlos Granados (presidente), Andrés Martínez Arrieta (ponente), Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Miguel Colmenero.
Según han informado fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar esta mañana la recusación de Perfecto Andrés Ibáñez después de que el sindicato Manos Limpias recurriera en súplica el rechazo del Alto Tribunal a apartar a este magistrado, del que consideran que tiene "interés directo o indirecto en la causa".
La sesión ha empezado con la fase de las cuestiones previas. El abogado de la defensa, Gonzalo Martínez Fresneda, ha pedido la nulidad del juicio en aplicación de la "doctrina Botín", ya que la querella solo la sustenta la acusación popular que además demostró su "incapacidad" de acomodar a la ley los escritos de acusación.
Un defecto que, según el letrado, se encargó de subsanar el magistrado instructor, Luciano Varela. Martínez Fresneda ha recordado que Varela expurgó de esos escritos lo que sobraba y pidió que incluyeran lo que faltaba. El resultado final fue un "corta pega" de los autos que había diictado el propio magistrado instructor, con lo que cuando los leyó, ha apostillado el abogado, "se leía a sí mismo".
Martínez Fresneda ha calificado de "cirugía de caballo" o "poda" las indicaciones del juez del Tribunal Supremo a la acusación popular. El juez penal, ha añadido, "no puede subrogarse en el cometido de la acusación" y la tutela judicial no puede "ni de lejos" legitimar que un magistrado corrija los escritos de acusación. A modo de conclusión ha señalado que Luciano Varela "vulneró la legalidad, tomó partido, incurrió en falta de imparcialidad y sus decisiones produjeron efectos devastadores"
Arranca el juicio a Garzón por la causa del franquismo bajo la mirada de ´observadores´ internacionales
La defensa solicita al Tribunal que aplique la doctrina Botín y anule el juicio contra el magistrado de la Audiencia Nacional acusado de un delito de prevaricación por haber investigado los crímenes del franquismo
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Madrid. 24 enero (CERESTV.info / AGENCIAS) El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se sienta hoy, martes por segunda vez en el banquillo acusado de un delito de prevaricación cometido al haber investigado los crímenes del franquismo sin estar legitimado para ello.
El juicio ha comenzado a las 10:45 horas de esta mañana, una vista a la que asisten varios representantes de asociaciones internacionales de derechos humanos.
El magistrado, que la semana pasada fue juzgado en el Supremo por ordenar las escuchas en prisión a abogados del "caso Gürtel", se enfrenta ahora a una petición de 20 años de inhabilitación que plantea la acusación popular, que ejercen conjuntamente el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
Entre los asistentes en la sala de vistas hay representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Internacional de Juristas, que participan como "observadores" en el juicio porque creen que la decisión del Supremo incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal, en la que España fue pionera gracias a Garzón.
La sala que juzga desde hoy a Garzón está integrada por los magistrados Carlos Granados (presidente), Andrés Martínez Arrieta (ponente), Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano, José Manuel Maza y Miguel Colmenero.
Según han informado fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar esta mañana la recusación de Perfecto Andrés Ibáñez después de que el sindicato Manos Limpias recurriera en súplica el rechazo del Alto Tribunal a apartar a este magistrado, del que consideran que tiene "interés directo o indirecto en la causa".
La sesión ha empezado con la fase de las cuestiones previas. El abogado de la defensa, Gonzalo Martínez Fresneda, ha pedido la nulidad del juicio en aplicación de la "doctrina Botín", ya que la querella solo la sustenta la acusación popular que además demostró su "incapacidad" de acomodar a la ley los escritos de acusación.
Un defecto que, según el letrado, se encargó de subsanar el magistrado instructor, Luciano Varela. Martínez Fresneda ha recordado que Varela expurgó de esos escritos lo que sobraba y pidió que incluyeran lo que faltaba. El resultado final fue un "corta pega" de los autos que había diictado el propio magistrado instructor, con lo que cuando los leyó, ha apostillado el abogado, "se leía a sí mismo".
Martínez Fresneda ha calificado de "cirugía de caballo" o "poda" las indicaciones del juez del Tribunal Supremo a la acusación popular. El juez penal, ha añadido, "no puede subrogarse en el cometido de la acusación" y la tutela judicial no puede "ni de lejos" legitimar que un magistrado corrija los escritos de acusación. A modo de conclusión ha señalado que Luciano Varela "vulneró la legalidad, tomó partido, incurrió en falta de imparcialidad y sus decisiones produjeron efectos devastadores"
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