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CASTILLA Y LEÓN > VIVIENDA Junta y Gobierno sellan el primer gran acuerdo en España para la conversión del excedente de 30.000 viviendas libres en protegidas Valladolid, 8 marzo (CERES TELEVISIÓN)
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, firmaron este lunes este acuerdo con la Federación Regional de municipios y Provincias, la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, entidades financieras, el Colegio de Notarios, el Decanato de Registradores y el Colegio de Gestores Administrativos. El convenio rubricado hoy en la Comunidad es el primero de estas características que se produce en España y, como explicaron todas las partes, plasma la voluntad común de concertación en materia de política de vivienda, así como el objetivo conjunto de estimular la economía, impulsar la salida al mercado del stock de viviendas libres mediante su conversión en viviendas protegidas, siempre y cuando así lo decida el promotor y cumplan con las características, y favorecer el acceso a la vivienda de las familias de la Región. "Cuando todos, incluidas administraciones públicas de distintos colores trabajamos juntos, nuestras medidas son mucho más eficaces en beneficio de los ciudadanos", destacó Corredor, quien recordó que en la Comunidad existe un remanente de unas 40.000 viviendas libres y, de ellas, unas 30.000 serían susceptibles por sus características de convertirse en protegidas. De este modo, la ministra de Vivienda destacó que el Gobierno confía en que el final de la recesión económica comience en el primer semestre, aunque consideró que esta situación debe ser abordada con "cautela" y favorecer reformas que supongan un estímulo del mercado. Beatriz Corredor abogó, en este sentido, por abordar en materia de vivienda un modelo consolidado que mejore los niveles del bienestar e impulse de forma sostenible el empleo de equilibrar, por lo que apostó por "reequilibrar" el sector inmobiliario. El presidente de la Junta de Castilla y León consideró que el acuerdo rubricado hoy se conforma como ejemplo a seguir en cuanto a la "concertación" de voluntades, al tiempo que destacó que la adhesión del Ministerio de Vivienda dota de "fuerza y solvencia" a un convenio "ejemplar". Para Herrera la vivienda debe ser concebida como un bien social básico, un punto en el que recordó la "importante apuesta" de las administraciones públicas en incrementar la licitación para favorecer la recuperación del sector, ya que el mercado inmobiliario sufre "importantes restricciones de acceso al crédito". Tanto Herrera como Corredor destacaron el repunte registrado en el último trimestre de 2009 en la venta de viviendas tras 11 trimestres de caídas que han provocado un "creciente" stock de viviendas que, con este acuerdo, podrán salir al mercado como de protección para beneficiar a 30.000 familias, ya que los inmuebles contarán con rebajas de alrededor de un 26 por ciento de su precio inicial. "El acuerdo no debe entenderse en términos de negocio sino en términos de oportunidad para el sector de la edificación para generar más recursos y más puestos de trabajo", destacó Herrera, quien abogó por no poner en marcha sólo medidas de carácter transitorio sino plantear acciones permanentes, algo que, como destacó, se regulará en la Ley de Vivienda que la Junta prevé llevar a las Cortes "en próximas fechas". Por su parte, el presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Emiliano Alonso Ortiz, que intervino en el acto en nombre de todos los colectivos firmantes, lanzó un mensaje de esperanza para el sector y destacó la necesidad de liquidez, algo que se refleja en el acuerdo, ya que "sin sangre en las venas el cuerpo humano no funciona". Alonso Ortiz valoró también los beneficios impulsados por el Gobierno para favorecer la rehabilitación de vivienda, una acción que, a su juicio es "el coche eléctrico de la construcción", al tiempo que destacó que en la situación actual hay "mucho dinero cautivo" que es "necesario" sacarlo al mercado. CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO Las viviendas que podrán ser incluidas en el acuerdo serán libres de nueva construcción, ubicadas en Castilla y León y con licencia de primera ocupación. Las mismas tendrán que cumplir los requisitos establecidos para ser calificadas como viviendas protegidas, especialmente en cuanto a superficie, calidades y precio que, tanto para venta como para alquiler, se limitará al precio máximo de vivienda protegida según los ámbitos municipales. Las viviendas se podrán ofrecer en régimen de compra o alquiler con opción de compra, aunque al menos el 25 por ciento de las viviendas serán de alquiler o alquiler con opción de compra. A través del acuerdo el Ministerio de Vivienda aportará los recursos económicos previstos en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, autorizará la concesión de préstamos hipotecarios y ayudas económicas correspondientes e impulsará la línea ICO-Cobertura de Vivienda protegida por la que el Ministerio, con cargo a su presupuesto, comparte con bancos y cajas el 50 por ciento del riesgo de cada nueva hipoteca que concedan para la adquisición de viviendas protegidas. El Plan contempla ayudas para familias con ingresos anuales de hasta 50.600 euros anuales. En función de las rentas y circunstancias familiares pueden llegar a los 13.000 euros para el pago de la entrada de una vivienda protegida y una subvención para la hipoteca. Para quienes opten por el alquiler la ayuda puede alcanzar 3.200 euros anuales y se permite compaginar la Renta Básica de Emancipación de 210 euros para los jóvenes con la residencia en una vivienda protegida en régimen de alquiler. Estas ayudas pueden ser complementadas por la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, se compromete a aportar los recursos económicos necesarios para la consecución del objeto del acuerdo. El Gobierno Regional realizará las gestiones precisas para la venta o alquiler de las viviendas, garantizando los derechos de adquirentes y arrendatarios. Asimismo, facilitará e impulsará la línea de avales para hipotecas destinadas a la compra de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias. Por otro lado, será la administración encargada de tramitar y resolver la calificación o declaración siempre que se cumplan los requisitos, así como de las solicitudes de visados de los contratos y de los reconocimientos de las ayudas que pudieran corresponder a adquirentes o a arrendatarios. COMPROMISOS DE OTROS COLECTIVOS Por su parte, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) colaborará en el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación del convenio y la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción incluirá las viviendas del stock y solicitará su calificación en alguna de las tipologías de vivienda de protección. También remitirá a la Consejería de Fomento la relación de las viviendas que ponen a disposición. Las entidades financieras facilitarán a los compradores, dentro de su evaluación de criterios de riesgo la financiación previamente reconocida por la Consejería de Fomento y los notarios y registradores de la propiedad reducirán un 40 por ciento sus honorarios por la formalización e inscripción de la transmisión. Por su parte, los gestores administrativos reducirán en un 40 por ciento las tarifas de gestión y tramitación de los documentos relativos a primera transmisión o adjudicación y a los préstamos hipotecarios correspondientes. // CERES TELEVISIÓN // - Volver a portada
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