El Consejo de Ministros autorizó hoy el desarrollo de una norma común que constituirá un marco básico que servirá para proporcionar garantías a mujeres y profesionales de la salud dentro de los supuestos incluidos de la ley, según informó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda posterior al consejo.

La norma, promovida por el Ministerio de Sanidad y de Justicia, garantizará las actuaciones en relación con la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de medios ajenos. Así, la intención del Gobierno es desarrollarla "posiblemente" a través de un Real Decreto, aunque Fernández de la Vega no aseguró una fecha, ya que requiere de un tramite administrativo previo y del acuerdo con las comunidades.

En este sentido, Fernández de la Vega afirmó que "constituirá un marco básico para proporcionar las debidas garantías de equidad, calidad, de respeto a la integridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos a las mujeres y a los profesionales de la salud, que ejercitan sus derechos dentro de los supuesto incluidos en la ley".

El objetivo en materia de Sanidad será "establecer las garantías de equidad y calidad para que cuando se produzca la interrupción voluntaria del embarazo, como prestación incluida en la cartera de servicios comunes de SNS, se haga con todas las garantías posibles, respetando las competencias de las comunidades autónomas". Asimismo, indicó que la norma tendrá en cuenta a las comunidades autónomas de manera que "garanticen los derechos y el funcionamiento de la prestación sanitaria".

"NORMA BÁSICA"

Por otra parte, Fernández de la Vega apuntó que los informes presentados hoy por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, han tenido en cuenta a todos los sectores afectados. Tras analizar la situación, "el ministro ha visto que sería conveniente establecer una norma básica que regulase las condiciones y requisitos jurídicos de los conciertos que se producen cuando una prestación del SNS se hace por una clínica privada", indicó.

En lo referente a Justicia, "y dado que los datos relativos a la salud de las personas son especialmente sensibles y protegidos", el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha solicitado un dictamen a la Agencia de Protección de datos, de manera que "emita un informe en el que se fijen los limites en el ejercicio de la facultades de inspección de las Administraciones Públicas".

Asimismo, Fernández de la Vega, dejó la puerta abierta a una posible "mejora" de la ley, siempre que el debate social lo solicite. Mientras tanto la intención de Ejecutivo es "garantizar los derechos de todos y todas". "El Gobierno que no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo", apuntó.

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